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la pregunta: ¿para qué una ley de parejas homosexuales en Colombia?
no sólo debe responder el Estado. Su obligatoriedad de mantener
los postulados democráticos de libertad e igualdad constituyen
en sí mismos una respuesta. Pero, ¿qué tanto hemos pensado, nosotros
los homosexuales, en que la aceptación y el respeto social son
una doble vía y que debemos asumir también nuestra responsabilidad?
El respaldo de la ley generará una mirada respetuosa y quizá sincera
de quienes conviven con nosotros, pero a la par y más allá de
simplemente manifestar júbilo por una ley en proceso debemos aprovechar
el debate público del tema, revaluar la marcada intolerancia que
manejamos como sector, y buscarles salida a los conflictos internos
que limitan nuestro accionar como movimiento social, y desde allí,
hacer propuestas concretas a la reconstrucción de nuestro país.
La marginación no siempre es externa. Unos y otros nos excluimos
selectivamente. Gays machos o simples maricas, locas peluqueras
o intelectuales serios, mariquitas mañés o exclusivos manejadores
de reinas. Nos miramos unos a otros más como rivales que como
personas homosexuales, y con ello terminamos haciéndole el juego
a una sociedad individualista y desentendida del otro y de sus
problemas. Permitimos que de manera simple se nos mida por lo
que tenemos o por lo que hacemos en la cama, y no por lo que somos.
Nuestra diversidad, en la que en últimas está sustentada la ley
de parejas homosexuales, debe ser la bandera con la que nos agrupemos
y propongamos a Colombia que se nos mire desde la dimensión más
básica pero quizás la más maravillosa: seres humanos. Este requerimiento
no compete ni favorece tan solo a los homosexuales, es al mismo
tiempo una propuesta para otorgarles dignidad al resto de colombianos
y colombianas que hoy sufren las barbaries de la guerra y del
vacío de poder estatal.
Aunque el Ministro de Justicia, Rómulo González, nos ve como una
mala influencia para la sociedad -quizá nos imagina como
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hombres y mujeres que dedican su vida exclusivamente a tener relaciones
genitales con los de su mismo sexo-, personas más sensatas como
Eduardo Cifuentes -Defensor del Pueblo-, o como el ex magistrado
de la Corte Constitucional Carlos Gaviria Díaz, e incluso la misma
senadora Piedad Córdoba, sustentan en su discurso que también los
y las homosexuales somos pueblo colombiano y por ello debemos ser
tenidos en cuenta. Un pueblo elector que más allá de mendigar a
los legisladores su favorabilidad
o no a la ley, debería exigirles que cumplan con la función para
la cual fueron elegidos y que dejen de lado los conceptos moralistas
de la iglesia. El debate es desde la ley y no desde la religión.
Además, si nos atuviéramos a los santos mandatos de la Iglesia Católica
en Colombia, estaríamos como monseñor López Trujillo, bendiciendo
tropas paramilitares o violando aspirantes sacerdotales y saqueando
las reliquias de los antiguos templos en Medellín (hay pruebas de
ello).
El momento histórico que vivimos en Colombia requiere de más hombres
y mujeres preocupados por la reconstrucción de nuestro país, incluso
como escenario político. Los y las homosexuales debemos convertirnos
en denunciantes no solo de los atropellos contra nosotros, sino
contra cualquier manifestación pública, privada, estatal, insurgente
o contrainsurgente que atente contra los derechos humanos. Revolucionarnos
de tal forma que cambiemos los parámetros de elitismos e intolerancia
a que estamos acostumbrados, y recordar que nosotros también somos
pueblo. Esa energía que gastamos en esconder lo que sentimos o en
defendernos, debe ser un asunto saldado por la ley y por nuestro
hacer. Podemos entonces dedicar más de nuestro tiempo a pensar en
el país y a trabajar por ello: así, la familia, los medios de comunicación,
la escuela y en general Colombia, tendrían menos maricas de quienes
preocuparse y más hombres y mujeres comprometidos con ese Estado
que les brinda igualdad de derechos y deberes.
Noviembre
de 2001
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