ࡱ  AZNAR Y DEL P. P  Semana del 1 al 7 de Junio 2002 N 175 INDICE 1. EL PARO HA AUMENTADO EN 110.854 PERSONAS EN LOS LTIMOS 12 MESES LOS CONTRATOS INDEFINIDOS REGISTRAN UNA CADA DEL 18,62% EN EL MES DE MAYO 2. EL BANCO DE ESPAA ALERTA SOBRE LA DEBILIDAD DEL EMPLEO 3. LAS VENTAS DE TURISMOS CAEN EN MAYO POR CUARTO MES CONSECUTIVO 4. EL GOBIERNO QUIERE ELIMINAR TODAS LAS VAS DE REGULARIZACIN DE INMIGRANTES 5. LOS INMIGRANTES SUPONEN YA UNO DE CADA TRES NUEVOS AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL 6. AZURMENDI ABOGA POR MEDIDAS RESTRICTIVAS FRENTE A LA INMIGRACIN 7. LOS SERVICIOS SOCIALES SLO ATIENDEN AL 7% DE LOS DISCAPACITADOS QUE NECESITAN AYUDA 8. LA POLICA PIDE DATOS A EMPRESAS PRIVADAS DEL 'POSIBLE SEGUIMIENTO' QUE TENDR EL 20-J 9. CASO MATAS & BITEL: LA AUDIENCIA DE PALMA PIDE CITAR AL MINISTRO PARA QUE DECLARE COMO IMPUTADO POR USAR DOCUMENTOS DE UN DIPUTADO 10. ANTICORRUPCIN EXIGE AUTONOMA REAL ANTE EL INTERVENCIONISMO DE CARDENAL 11. CASO ALCALDE DE PONFERRADA ( Varios ): LOS EDILES POPULARES EXPRESAN SU TOTAL APOYO AL EX ALCALDE ANA BOTELLA REITERA SUS ELOGIOS AL ALCALDE RAFAEL HERNANDO DIXIT EL PP GANA UNA VOTACIN EN CAJA ESPAA CON EL APOYO DEL EX ALCALDE 12. LOS CONSEJEROS PROGRESISTAS ABANDONAN POR LA "FALTA DE DEBATE" EL CONSEJO ESCOLAR 13. EL 90% DE LOS COLEGIOS RELIGIOSOS Y EL 60% DE LOS LAICOS ESTN CONCERTADOS 14. COMUNIDAD VALENCIANA : EDUCACIN PRIVADA, ESPERA PBLICA 15. LOS SINDICATOS CONSIDERAN 'INSOSTENIBLE' LA SATURACIN DE LAS CRCELES 16. EL DEFENSOR DEL PUEBLO DENUNCIA QUE LA SATURACIN EN LAS CRCELES INCUMPLE UN ACUERDO DE LA ONU 17. EL VOTO DEL CAMPO EN LAS CMARAS AGRARIAS SE ALEJA DEL PARTIDO POPULAR 18. LOS ACCIDENTES LABORALES CAUSARON 298 MUERTES EN EL PRIMER TRIMESTRE, UN 16% MS 19. UN CENTENAR DE JUECES SE CONCENTRAN EN CONTRA DE LA NUEVA LEY DE RETRIBUCIONES LA ASOCIACIN 20. EL PODER JUDICIAL EN PLENO CENSURA LAS CRTICAS DE LOS POLTICOS POR EL 'CASO OTEGI' 21. LA AUDIENCIA NACIONAL RECHAZA ARCHIVAR LA CAUSA CONTRA BERLUSCONI 22. EL EX PRESIDENTE ITALIANO COSSIGA TACHA A AZNAR DE 'CABO DE CUARTEL DE FRANCO' 23. ESPAA, A LA COLA DE EUROPA EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIN 24. EL PP PROPONE RETENER LOS DATOS DE LOS INTERNAUTAS DURANTE 12 MESES 25. CELIA VILLALOBOS DESCARTA OPTAR A LA ALCALDA DE MLAGA 26. COMUNIDAD VALENCIANA: EL PP IMPIDE QUE ZAPLANA EXPLIQUE LA SITUACIN DE ANA ENCABO 27. COMUNIDAD DE MADRID : EL TRIBUNAL DE CUENTAS CRITICA EL SISTEMA DE CONTRATACIONES MUNICIPALES DE POZUELO 1. EL PARO HA AUMENTADO EN 110.854 PERSONAS EN LOS LTIMOS 12 MESES LOS CONTRATOS INDEFINIDOS REGISTRAN UNA CADA DEL 18,62% EN EL MES DE MAYO El paro registrado en las oficinas de empleo baj en mayo en 47.281 personas (2,89%), un descenso inferior al de 56.957 desempleados del mismo mes de 2001. Los datos del ltimo ao confirman el impacto en el empleo de la desaceleracin de la economa, ya que el paro ha aumentado en 110.854 personas (7,5%) durante los ltimos 12 meses. En la contratacin indefinida se produce una cada del 18,62% sobre mayo del ao pasado. El total de los contratos tiene una senda positiva, pero en cambio en los de carcter indefinido se produce una cada brusca del 18,62%. La cifra de colocaciones registradas en el Inem en mayo fue de 1.238.066, la mayor en ese mes en la serie histrica y representa un incremento de 2.794 (0,23%) sobre el mismo mes de 2001. Las contrataciones acumuladas en los cinco primeros meses del ejercicio suman 5.895.440, un 4,24% ms que en el mismo periodo de 2001. Esa mejora no se traslada a los contratos fijos, de los que en mayo se han suscrito 116.370 (el 9,4% del total de ese mes) y que suponen un retroceso del 18,62% sobre igual mes de 2001. En los cinco primeros meses de este ejercicio, el Inem ha visado 573.712 contratos indefinidos, con un alza del 4,97% sobre igual periodo del ao pasado. Tambin hay una cada en contratos a tiempo parcial, que supone un 10,9%.   2. EL BANCO DE ESPAA ALERTA SOBRE LA DEBILIDAD DEL EMPLEO El mercado laboral refleja ahora 'en mayor medida' la desaceleracin que arrastra la economa en los ltimos meses. El Banco de Espaa resalta, en su informe correspondiente a mayo, que la destruccin de 66.000 empleos en el primer trimestre del ao y el aumento en un punto de la tasa de paro se producen pese a que la produccin industrial 'apunta una incipiente recuperacin'. 3. LAS VENTAS DE TURISMOS CAEN EN MAYO POR CUARTO MES CONSECUTIVO Las ventas de turismos nuevos durante el pasado mes de mayo alcanzaron 128.911 unidades, lo que supone una reduccin del 6,2% respecto al mismo mes de 2001 y el cuarto mes consecutivo de descenso en el mercado, segn las asociaciones de fabricantes (Anfac). En los cinco primeros meses el retroceso es del 7,2%. Para el cierre de este ao, los fabricantes prevn un cada del 5%. Hasta final de mayo, las matriculaciones de turismos totalizaron 574.510 unidades, lo que supone una cada del 7,2% en relacin con el mismo periodo del ejercicio anterior. Esto evidencia que el consumo sigue sin levantar cabeza. Segn los primeros clculos de Anfac, las ventas a particulares y a empresas que no alquilan automviles retrocedieron un 8,7% en mayo, por encima del descenso contabilizado para el conjunto del mercado. Entre enero y mayo, la cada en este segmento se situ en el 8,2%.  4. EL GOBIERNO QUIERE ELIMINAR TODAS LAS VAS DE REGULARIZACIN DE INMIGRANTES La reforma de la Ley de Extranjera que estudia el Gobierno supone el fin de toda posibilidad de regularizacin para los extranjeros que permanecen en Espaa sin documentacin. Tras el cierre, decretado el pasado 14 de enero, del rgimen general, que permita a quienes tuvieran una oferta de empleo tramitar los permisos de trabajo y de residencia, el Ejecutivo se dispone a suprimir la documentacin por arraigo, independientemente del tiempo que los solicitantes lleven en el pas. Tambin pretende reducir drsticamente las reagrupaciones familiares y prohibir las regularizaciones extraordinarias. El presidente del Gobierno, Jos Mara Aznar, declara en Luxemburgo que el reforzamiento de las medidas contra la inmigracin irregular no pretende convertir Europa en una fortaleza, pero s evitar que sea 'un coladero permanente'. En el caso concreto de Espaa, el Gobierno estudia un endurecimiento radical de la Ley de Extranjera. El delegado para la Inmigracin, Enrique Fernndez-Miranda, declar que el Ejecutivo estudiar cmo hacer imposibles por ley las regularizaciones extraordinarias. stos son otros aspectos en estudio, segn Fernndez-Miranda: - Supresin del arraigo. Desaparicin 'del paso automtico de la ilegalidad a la legalidad, independientemente de que sea en muchos o en pocos aos'. Esto supondra la supresin de la regularizacin por arraigo. La ley actual contempla la concesin de un permiso de residencia temporal a aquellos extranjeros 'que acrediten una permanencia continuada en territorio espaol durante un periodo mnimo de cinco aos'. Adems, la Administracin puede otorgar un permiso de residencia temporal 'cuando concurran razones humanitarias, circunstancias excepcionales o cuando se acredite una situacin de arraigo, en los supuestos previstos reglamentariamente' (artculo 31). El Reglamento prev una reduccin del plazo de cinco aos a tres aos si se acreditan circunstancias como la incorporacin real al mercado de trabajo y los vnculos familiares con extranjeros residentes o con espaoles (artculo 41). - Traficantes de personas. 'Estamos estudiando endurecer las penas'. La ley vigente considera 'infraccin muy grave' la participacin en la inmigracin clandestina 'siempre que el hecho no constituya delito' (artculo 54.1.b) y castiga con penas de prisin de dos a cinco aos y multa de seis a 12 meses a quienes trafiquen con mano de obra (artculo 312.1). 'Los que promuevan, favorezcan o faciliten el trfico ilegal de personas (...) sern castigados con las penas de prisin de seis meses a tres aos y multa de seis a 12 meses', y los que lo hagan 'con nimo de lucro, o empleando violencia, intimidacin o engao, abusando de una situacin de necesidad de la vctima, sern castigados con las penas de prisin de dos a cuatro aos y multa de 12 a 24 meses' (artculo 318 bis. 1 y 2). - Contratacin de irregulares. 'Tenemos que ser capaces de aumentar las penas, incluso introducirlas en el Cdigo Penal'. Ahora, la contratacin de cada inmigrante irregular est tipificada como 'infraccin muy grave' (artculo 54.1.d). La sancin que se impondr queda en manos del delegado o subdelegado de la provincia, que podr clausurar el establecimiento o local desde seis meses a cinco aos' (artculo 55.2 y 55.6). - Reagrupamiento familiar. 'Pensamos limitarlo a padres e hijos hasta 16 aos'. Hoy el extranjero residente puede traer a Espaa a su cnyuge; a sus hijos y a los de su cnyuge, incluidos los adoptados, siempre que sean menores de 18 aos o estn incapacitados; a los menores de 18 aos o incapaces cuando el residente sea su representante legal, y a los ascendientes del reagrupante o su cnyuge, cuando estn a su cargo (artculo 17). 5. LOS INMIGRANTES SUPONEN YA UNO DE CADA TRES NUEVOS AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Los inmigrantes estn cada vez ms presentes en el mercado laboral . De cada tres nuevas incorporaciones a la Seguridad Social que se produjeron el pasado mes de mayo, una correspondi a un ciudadano extracomunitario. Estos inmigrantes suman ya 581.594 afiliados, el 4% de todos los cotizantes al sistema pblico, que en marzo alcanz un nuevo rcord de ms de 16 millones. La mayora de los extranjeros proviene de Marruecos. Le siguen por importancia Ecuador y Colombia. De la Unin Europea, el colectivo ms numeroso procede del Reino Unido. Las cifras de la Seguridad Social crecen a un ritmo imparable, a pesar del empeoramiento que se viene registrando este ao en los datos del paro y de la creacin de empleo. Con un total de 16.154.714 trabajadores afiliados a final de mayo, el Gobierno ha superado su previsin para todo el ao, que ascenda a 16 millones. La primera vez que se rebas esa barrera fue en el mes de abril. El rcord del mes de mayo ha sido el tercero consecutivo de este ao. En el cupo de nuevas incorporaciones, cada vez cobra ms importancia el colectivo de trabajadores inmigrantes. De los 131.227 nuevos afiliados contabilizados en mayo, 46.920 eran extranjeros. Dentro de este grupo, son ms numerosos los ciudadanos de fuera de la Unin Europea (38.936) que los comunitarios. La gran mayora de los extranjeros se incorpora al rgimen general de la Seguridad Social. La primera comunidad por nmero de afiliados es la marroqu, con 139.167 ocupados, segn los ltimos datos disponibles, correspondientes a abril. Esta cantidad supone aproximadamente un 20% del total de extranjeros. A continuacin figuran los ecuatorianos (13%) y los colombianos (6%). Los ciudadanos del Reino Unido constituyen la comunidad ms numerosa de los pases de la Unin Europea y se sitan en el quinto puesto de todos los extranjeros, con un 5% del total. Les siguen los alemanes, que suponen un 4%. El peso de los inmigrantes dentro del grupo de extranjeros ha sido especialmente creciente en los ltimos aos. En 1999, los no comunitarios suponan el 63,7% del total, mientras que en mayo representaron el 76%. 6. AZURMENDI ABOGA POR MEDIDAS RESTRICTIVAS FRENTE A LA INMIGRACIN 'Restringir la inmigracin y buscar que el inmigrante sea lo ms legal posible'. sta es una de las recetas que ofreci el presidente del Foro para la Integracin Social de los Inmigrantes, Mikel Azurmendi, en una conferencia que ofreci en el primer Foro Manuel Broseta organizado por la fundacin del mismo nombre sobre inmigracin y que se celebra en Valencia. Azurmendi apoy esta idea apuntando que ninguna sociedad 'puede absorber una diversidad ilimitada' y que 'si el estado de derecho se nos derrumba, no hay nada que hacer'. 'Si abrimos las fronteras, media Espaa se hara racista y xenbofa', coment, 'y podran tomar el gobierno democrtico'. Adems se mostr partidario de esperar a 'formar' a los inmigrantes -ensearles castellano- antes de conceder la ciudadana a los extranjeros. 'Dar la ciudadana como entran es un absurdo', apunt. El presidente del foro estableci continuas relaciones en su intervencin entre la integracin y la situacin en el Pas Vasco. Aludi que 'es ms fcil que cuatro millones de inmigrantes se integren en Espaa que se integre la sociedad vasca' y apelo a luchar contra la etnizacin. As, indic que en Euskadi se est dando un proceso similar al que se produjo en las repblicas ex yugoslavas: 'la bsqueda de la diferencia menor, tensarla y usarla para excluir', algo peligroso si se aplica con la inmigracin, por lo que abog por la 'identidad ciudadana, que es lo contrario a la tnica'. En esta lnea, alent a los pases europeos a romper los 'contornos tnicos' de estos pases, que son 'los que ms exclusin estn produciendo'. 7. LOS SERVICIOS SOCIALES SLO ATIENDEN AL 7% DE LOS DISCAPACITADOS QUE NECESITAN AYUDA En Espaa hay ms de 3.500.000 de personas con alguna discapacidad. De ellos, 1.600.000 reciben ayuda, aunque el Estado slo atiende al 7% de stos, bien en ayuda a domicilio o teleasistencia por ejemplo. Ese porcentaje incluye al 3% de los casos en los que el Estado es el principal cuidador, sobre todo en residencias pblicas. Los datos los hizo pblicos el Instituto Nacional de Estadstica (INE) sobre una encuesta que haba realizado en 1999. El cuidado recae en las hijas, que se encargan del 32% de los dependientes mayores de 64 aos. Los hijos slo cuidan al 6%. El 9% de la poblacin espaola, ms de tres millones y medio de personas, presenta algn tipo de discapacidad. Por edades, los ms afectados son los mayores de 80 aos (54,5%); entre 65 y 79 aos (26,126%); entre 6 y 64 aos (4,59%), y los menores de 6 aos (2,24%).Espaa cuenta con 200.000 plazas en residencias pblicas, 10.000 en centros de da, 120.000 plazas de asistencia a domicilio y 80.000 de teleasistencia. Con estos servicios, Espaa no puede cubrir al 1.685.140 de espaoles que precisan ayuda porque tienen una dependencia severa. Y est muy lejos de la media de la UE, donde los servicios pblicos atienden a un 25% de la poblacin mayor de 65 aos. 8. LA POLICA PIDE DATOS A EMPRESAS PRIVADAS DEL 'POSIBLE SEGUIMIENTO' QUE TENDR EL 20-J La Direccin General de la Polica ha remitido una carta a empresas privadas en la que les reclama informacin sobre el 'posible seguimiento de la huelga' del prximo da 20 que harn sus trabajadores, as como de los servicios mnimos que pretenden y los medios humanos y tcnicos de seguridad con la que afrontarn esa jornada de paro general. UGT y CC OO estudian querellarse contra el Ministerio del Interior por esta 'vulneracin del derecho de huelga' y reclaman al vicepresidente primero, Mariano Rajoy, que d explicaciones pblicas por esta decisin.La misiva de la Direccin General de la Polica pide a responsables de empresas privadas que acudan, en fecha y hora establecida, a dependencias policiales 'debiendo traer la siguiente documentacin': Servicios mnimos a establecer por esa empresa Posible seguimiento de la huelga por los trabajadores Seguridad propia de la empresa: medios tcnicos y humanos Puntos estratgicos de la empresa, tanto pblicos como privados Puntos vulnerables. La misiva, un modelo nico elaborado 'rpidamente por la falta de tiempo', ha sido enviada en Madrid por la Brigada de Seguridad Ciudadana a los medios de comunicacin, grandes centros comerciales y 'grandes centros de trabajo' (a partir de 200 empleados) con el objetivo de tomar medidas 'para evitar la accin de piquetes violentos, facilitar que pueda trabajar quien quiera e impedir que, por ejemplo, se bloqueen puertas con silicona o palillos en las cerraduras'. Fuentes de la Jefatura Superior de Madrid indicaron que, como debe mandar efectivos para la cumbre europea de Sevilla, han 'tratado de recabar informacin para distribuir mejor los efectivos a fin de que sean ms eficaces'. 9. CASO MATAS & BITEL: LA AUDIENCIA DE PALMA PIDE CITAR AL MINISTRO PARA QUE DECLARE COMO IMPUTADO POR USAR DOCUMENTOS DE UN DIPUTADO El ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, tiene dos causas pendientes en el Tribunal Supremo, que deber resolver si le cita como imputado. Al caso de la supuesta captacin de votos con fondos pblicos a favor del Partido Popular en las elecciones autonmicas de 1999 celebradas en Formentera, se une el supuesto espionaje electrnico a un diputado socialista, un caso que haba sido archivado en febrero y que ahora ha reabierto la Audiencia de Palma de Mallorca. La Seccin Segunda de la Audiencia pide al Tribunal Supremo que tome declaracin al que fue hasta 1999 presidente balear. La Seccin Segunda de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca ha decidido elevar las actuaciones por el supuesto espionaje electrnico del Gobierno balear a un diputado socialista en 1998, cuando el presidente autonmico era Jaume Matas, hoy ministro de Medio Ambiente. La causa, conocida como caso Bitel y consistente en el desvo del correo electrnico del dirigente socialista hacia el ordenador de los secretarios personales de Matas, haba sido archivada el pasado febrero por el juez instructor. La Audiencia ha decidido ahora que se siga investigando tras un recurso del denunciante, el socialista Francisco Quetglas, actual consejero del Gobierno balear. Los hechos se remontan a 1998, cuando el PP gobernaba en Baleares. En un debate sobre el estado de la comunidad, el 14 de octubre de 1998, Matas esgrimi un escrito mientras deca: 'Ha llegado a nuestras manos un documento interno...'. El documento de trabajo corresponda a Quetglas y haba sido elaborado por una consultora de Barcelona que se lo haba remitido el 18 de septiembre, en exclusiva, a travs de su correo electrnico en el Consell Insular de Mallorca. El correo de Quetglas estaba 'redireccionado' a otro ordenador de un colaborador de Matas. La empresa Bitel era la encargada del servicio y estaba participada en un 48% por la Administracin balear, que diriga Matas. La Audiencia seala: 'Se trata a nuestro entender de unos indicios que, partiendo de que hubiera un error inicial en el redireccionamiento del correo electrnico, dan razonablemente en pensar que, una vez se fueron recibiendo los documentos en la cuenta del Seor Vallori [colaborador directo de Matas], se produjo el apoderamiento o aprovechamiento de esos documentos' por parte del Gobierno balear para el debate poltico. 'Con todos estos datos', contina la resolucin judicial, 'no alcanzamos a ver las ltimas razones por las que el Juzgado de Instruccin haya desechado cualquier inters por conocer, a los estrictos efectos de la investigacin, las explicaciones del entonces presidente balear (...) Estimamos conveniente que le sea recibida declaracin, en tanto que los interrogantes que se suscitan slo pueden ser contestados por el entonces presidente'. La Audiencia recuerda que a la calidad de imputado 'no debe asocirsele en principio connotacin peyorativa alguna'. El asunto del pinchazo del correo electrnico de Quetglas fue descubierto por casualidad en marzo del ao 2000, a los nueve meses de que el nuevo Gobierno socialista ocupara el poder, en sustitucin de la administracin histrica del PP (1983-1999). El desvo irregular en la red, pese al cambio, qued latente y en el sumario los asistentes personales de Jaume Matas, Francisca Pascual y Sebastin Vallori, dijeron que alertaron a los tcnicos del error. La Audiencia dice que ambos deben continuar imputados. Pascual era la jefa de la secretara y tena las claves de los correos de Presidencia y ahora sigue con Matas en Medio Ambiente. Vallori, que es funcionario en el Gobierno balear, filtraba y contestaba todo el correo de Matas, 'absolutamente todo', dice el auto, que evidencia sus manifestaciones incompletas sobre los correos de Quetglas que interfiri. La junta de fiscales de Baleares, por unanimidad, sustent en el caso del supuesto espionaje poltico al PSOE la imputacin del ministro Matas, pero el fiscal general del Estado, Jess Cardenal, bloque su decisin y orden no recurrir el auto de sobreseimiento del juez instructor. El fiscal Miguel ngel Anadn formul en la vista de los recursos ante la Audiencia de Palma una peticin formal de archivo, por orden expresa e imperativo jerrquico, pero por conciencia y criterio particular, se ampar en el Estatuto fiscal, y detall los fundamentos penales y los indicios para la declaracin de Matas ante la Sala Segunda del Supremo, por un principio de igualdad. Este extremo es citado por el tribunal para sealar 'la conveniencia de tomar declaracin al ministro de Medio Ambiente' 10. ANTICORRUPCIN EXIGE AUTONOMA REAL ANTE EL INTERVENCIONISMO DE CARDENAL: LA FISCALA CRITICA QUE LOS EDILES PUEDAN TENER NEGOCIOS INMOBILIARIOS La memoria de la Fiscala Anticorrupcin correspondiente al pasado ejercicio reclama una 'autonoma real y efectiva, situando en sus justos lmites las actuales del fiscal general del Estado', Jess Cardenal. La memoria considera 'excesivas' las competencias de la Fiscala General del Estado que, con su 'intervencionismo limita la autonoma funcional de Anticorrupcin'. El ltimo choque de la Fiscala Anticorrupcin con la Fiscala General del Estado ha impedido la presentacin de una querella por parte de la primera institucin judicial contra las petroleras Cepsa y Repsol por un supuesto acuerdo previo para la fijacin de precios contrario a las leyes de la libre competencia. Cardenal bloque la presentacin de la querella defendida por Anticorrupcin. Esta institucin pide ahora una ley especfica que la permita actuar con 'autonoma real y efectiva' sin depender orgnicamente del fiscal general del Estado. La Fiscala Anticorrupcin tiene una plantilla de 71 personas y en sus seis aos de vida ha iniciado procedimientos que ya han dado lugar a 24 sentencias de las que 21 fueron condenatorias, segn la memoria del organismo judicial. La Fiscala se lamenta de que la legislacin actual permita que un alcalde o un concejal con competencias en urbanismo puedan desarrollar una actividad econmica privada de promocin inmobiliaria en el mismo municipio donde ostenta el cargo. Anticorrupcin advierte del 'suave rgimen de incompatibilidades' que tienen los cargos pblicos municipales respecto a los de la Administracin central. 'No parece muy lgico que la ordenacin, gestin, ejecucin y disciplina urbanstica, que quizs sea la competencia ms importante de los municipios, no genere ningn tipo de incompatibilidad para los concejales y alcaldes', seala. 11. CASO ALCALDE DE PONFERRADA ( Varios ) LOS EDILES POPULARES EXPRESAN SU TOTAL APOYO AL EX ALCALDE: La condena por acoso sexual no le ha restado apoyos a Ismael lvarez dentro del PP. No slo Ana Botella elogi al ex alcalde de Ponferrada (Len) por renunciar a su cargo. Tambin el coordinador de organizacin del PP, Po Garca Escuredo, le agradeci su 'valor poltico'. El grupo municipal del PP en Ponferrada mostr asimismo pblicamente su respaldo a lvarez, a quien sigue considerando su alcalde. ANA BOTELLA REITERA SUS ELOGIOS AL ALCALDE :La esposa del presidente del Gobierno, reitera sus elogios a la decisin del ex alcalde Ismael lvarez de dimitir tras la condena por acoso sexual a la ex concejal Nevenka Fernndez. Botella argumenta: 'Siempre he defendido, como todo el PP, que cuando en un cargo pblico se hace algo inconveniente, como es en este caso la sentencia que se ha producido con respecto al alcalde, siempre nos ha parecido que la decisin correcta era la dimisin'. 'Siempre he defendido a la mujer ante cualquier violacin, ante cualquier menoscabo de sus derechos, y lo voy a seguir haciendo', aadi, si bien eludi apoyar a la ex edil o referirse a la condena del alcalde. RAFAEL HERNANDO DIXIT : El coordinador de Comunicacin del PP, Rafael Hernando, responde a las crticas de la ex edil de Ponferrada, Nevenka Fernndez, sobre la falta de apoyo del PP en el proceso de denuncia y juicio por acoso sexual por parte del ya ex alcalde, Ismael lvarez, pidindola que no utilice su condicin de vctima para tergiversar los hechos o falsear la realidad..el PP, en este asunto ha estado donde tena que estar. EL PP GANA UNA VOTACIN EN CAJA ESPAA CON EL APOYO DEL EX ALCALDE: La consejera de Economa de la Junta de Castilla y Len, Isabel Carrasco (PP), llam al ex alcalde de Ponferrada Ismael lvarez, suspendido de militancia y condenado por acoso sexual en el caso Nevenka, para que participara con su voto de consejero de Caja Espaa en un consejo extraordinario decisivo para la mayor entidad de ahorro de la comunidad lvarez es uno de los 16 miembros del Consejo de Administracin de la entidad de ahorro, compuesta por nueve representantes del PP, o prximos a este partido, y siete del PSOE y UGT. Su cargo en Caja Espaa lo obtuvo a propuesta del PP en representacin de las Cortes regionales. Su voto era decisivo, ya que uno de sus compaeros, Eladio Sastre, se encontraba muy enfermo, y el PP podra haberse quedado en minora. En el consejo extraordinario, convocado con 24 horas de antelacin, se prevea la posibilidad de suspender el proceso electoral en la entidad tras descubrirse que se ha hecho pblica informacin confidencial de al menos 4.000 clientes, elegidos por sorteo, que sern compromisarios. El consejo extraordinario acord recabar la opinin de la comisin electoral de Caja Espaa y de la de control antes de la posible paralizacin de las elecciones. 12. LOS CONSEJEROS PROGRESISTAS ABANDONAN POR LA "FALTA DE DEBATE" EL CONSEJO ESCOLAR El Pleno del Consejo Escolar del Estado que iba a debatir la Ley de Calidad se rompe se divide.Las organizaciones de izquierda abandonaron la sala porque el presidente, Alfredo Mayorga, apelando al reglamento, no les permiti exponer sus opiniones sobre el informe redactado das antes por dicho organismo que se iba a votar. Una de las consejeras, Marta Mata, de reconocido prestigio en el mundo educativo, present su dimisin tras 16 aos en el Consejo. Antes del abandono fue aprobado por 43 votos (mayora absoluta) un informe prximo a la Ley del Gobierno. El plante de los sindicatos y organizaciones de izquierda dej el pleno con 30 personas menos y diezmada la representatividad de la comunidad educativa. El resto, medio centenar de personas, sigui votando las ms de 500 enmiendas presentadas al texto sobre la Ley de Calidad, muchas de ellas para echar abajo lo aprobado la semana anterior. Slo CC OO y UGT pudieron, un poco antes de salir, exponer su proyecto alternativo. Los dems, padres, estudiantes, otros sindicatos (y un miembro de la Federacin Espaola de Municipios y Provincias), que pedan la devolucin del texto no lograron sentar sus posiciones. El presidente plante un sistema de votacin conjunto de los tres informes expuestos con la prohibicin expresa de que se pudiera votar a ms de uno. Su decisin no se respet y tanto el proyecto de CC OO como el de UGT lograron una veintena de votos cada uno. Sumados a los 43 que logr el informe oficial, las cuentas no salan. Ms votos que consejeros.Las organizaciones que plantaron al consejo estudian impugnar la reunin. El resto de organizaciones y miembros designados aprobaron un dictamen que apoya el proyecto del Ministerio y siguieron con las enmiendas sobre ese mismo dictamen. 13. EL 90% DE LOS COLEGIOS RELIGIOSOS Y EL 60% DE LOS LAICOS ESTN CONCERTADOS El 89,6% de los 2.669 centros religiosos de enseanza no universitaria recibe financiacin pblica a travs de los conciertos. Entre los colegios laicos (3.830), est concertado el 62,8% . As se desprende de la Encuesta de Financiacin y Gastos de la Enseanza Privada 1999-2000 que difundi el Instituto Nacional de Estadstica (INE). Desde el curso 1985-1986, ese organismo ha realizado cuatro encuestas sobre los centros privados. Aquella anualidad estaban subvencionados el 86,4% de los colegios confesionales y el 56,8% de los laicos. En el curso 1994-1995 disfrutaban del dinero pblico el 88,7% de los religiosos y el 55,7% de los que no lo eran. La comparacin de los trabajos revela tambin que la enseanza privada no universitaria (incluye educacin infantil, primaria, secundaria obligatoria, bachillerato, formacin profesional y educacin especial) ha perdido un milln de alumnos en 14 aos. Ahora tiene 2.192.000. Slo en el ltimo lustro han descendido un 8,7%. Esta cada es imputable en gran medida a la bajada de la natalidad. Suerte similar han corrido los establecimientos escolares. En el curso 1985-1986 existan 7.610 colegios privados. En el 1999-2000 haban disminuido hasta 5.076. El declive en la enseanza no universitaria contrasta con el auge de los centros privados en el nivel superior. El alumnado de las universidades privadas ha crecido el 31% en un lustro. Ahora disponen de 189.000 estudiantes, repartidos entre 128 centros (46 religiosos y 82 laicos). Ms de la mitad de los centros se ubican en Catalua y la Comunidad de Madrid. La encuesta cifra en 638 millones de euros el volumen de negocio de las universidades privadas (cerca de la mitad corresponde a los centros madrileos). Slo el 2% de los ingresos procede de transferencias pblicas.  14. COMUNIDAD VALENCIANA : EDUCACIN PRIVADA, ESPERA PBLICA En tan slo cinco meses se construye en Alicante una escuela privada en la que todas las Administraciones se han volcado. Sin embargo, la construccin de un centro pblico, sobre un solar que cedi el Ayuntamiento de Alicante a la Consejera de Educacin en 1993, no ha empezado, y tampoco parece, a juzgar por el estado de la parcela, que las obras se acometan en breve. Los hijos de los eurofuncionarios de Alicante tendrn en septiembre un flamante centro docente en la zona del campo de golf con una educacin de calidad, mientras que cientos de estudiantes de los barrios de la zona norte continuarn hacinados en barracones en la escuela pblica. La construccin de la Escuela Europea avanza a un ritmo frentico. Los plazos se estn cumpliendo, y una vez concluida la estructura del edificio, las obras encaran su recta final con el objetivo de inaugurar el curso el prximo 5 de septiembre. Este centro de lite, pensado para los hijos de los eurofuncionarios de la OAMI (Oficina de Armonizacin del Mercado Intertior) ofrecer una educacin de excelencia con programas plurilinges (ingls, francs, italiano y castellano). El proyecto, en el que colabor el Ayuntamiento de Alicante con la cesin gratuita de esta parcela de 25.000 metros cuadrados en tan slo una semana, la Generalitat, que sufraga las obras, y la Unin Europa que dotar el profesorado, arrancar el prximo curso con 450 alumnos de infantil y primaria. La matrcula se ha cubierto en tan slo unos das. La eficacia, inters y celeridad de todas las administraciones, gobernadas por el PP, implicadas en la construccin de este centro privado sorprende y al mismo tiempo 'indigna' a los centenares de padres, profesores y alumnos de los barrios de Alicante que demandan nuevos centros pblicos. El caso ms flagrante es el del solar del Instituto Cermica Los Angeles, sobre el que se han realizado decenas de manifestaciones y protestas, y cuyas obras acumulan un retraso de ocho aos, pese a los reiterados anuncios y plazos incumplidos por parte de los responsables de Educacin. 15. LOS SINDICATOS CONSIDERAN 'INSOSTENIBLE' LA SATURACIN DE LAS CRCELES Los sindicatos CC OO, ACAIP, CSIF y UGT califican de 'insostenible' el aumento de la poblacin reclusa registrado desde enero -2.705 presos en cinco meses- y auguraron una mayor conflictividad entre los reclusos y de stos con los funcionarios por la masificacin que sufren algunas prisiones. Los sindicatos echaron la culpa de la situacin a la mala gestin del Gobierno, que a su juicio no ha previsto las infraestructuras necesarias para evitar el hacinamiento. Portavoces de esos sindicatos sealaron que el aumento de presos registrado durante estos meses no puede ser considerada simplemente como un repunte. 16. EL DEFENSOR DEL PUEBLO DENUNCIA QUE LA SATURACIN EN LAS CRCELES INCUMPLE UN ACUERDO DE LA ONU Las crceles estn cada da ms saturadas. Tanto, que se 'conculca' no slo la legislacin nacional, sino un acuerdo de la ONU sobre reglas mnimas del tratamiento de los reclusos, segn la memoria del Defensor del Pueblo del ao 2001. Esta institucin habla en trminos muy duros sobre la situacin en las prisiones y exige a la Administracin que construya centros nuevos. En 2001, recuerda, se pas de 45.054 a 48.118 reclusos. El Defensor considera adems que la saturacin es un 'factor desencadenante' de los asesinatos entre presos, de los que cita cinco casos. Las situacin en las crceles no ha mejorado durante 2002. De hecho se ha superado la cifra de 50.000 reclusos. El Defensor, que se centra en el ao pasado, sostiene que es 'urgente' la 'mejora de la situacin de las prisiones, tanto desde la perspectiva reguladora como del incremento de plazas. Especialmente preocupante es, segn el texto, la saturacin de las crceles de Canarias, donde el dficit de plazas se arrastra desde hace aos. [En mayo de este ao, las crceles de Alicante y Murcia han llegado a albergar hasta tres presos por celda, en no ms de ocho metros cuadrados]. 17. EL VOTO DEL CAMPO EN LAS CMARAS AGRARIAS SE ALEJA DEL PARTIDO POPULAR El voto de los agricultores y ganaderos se aleja del Partido Popular, de acuerdo con los datos de las elecciones a cmaras agrarias celebradas hasta la fecha. Frente a una representatividad del 40% lograda por la Asociacin Agraria Jvenes Agricultores (Asaja), la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha conseguido otro 40% y un 20% la Unin de Pequeos Agricultores (UPA). Ello supone que el 60% de los votos del campo ha ido a siglas fuera de la rbita del PP, incluso en zonas donde, en las elecciones regionales y nacionales, los populares tienen consolidada una mayora. De acuerdo con esos datos, agricultores y ganaderos ubicados en regiones donde el PP tiene amplia mayora en las elecciones generales han dado sus votos a siglas que en los ltimos tiempos han protestado contra la Administracin popular. Aunque sobre el papel las organizaciones agrarias estn al margen de cualquier partido poltico, la realidad es que Asaja se halla por diferentes razones en la estela de los populares; COAG est en el entorno de las organizaciones de izquierda, junto con independientes, y UPA forma parte de UGT. En las elecciones celebradas hasta la fecha, sobre un total de 155.856 votantes en 11 comunidades autnomas, Asaja y COAG se hallan en los mismos niveles, con casi 60.000 votos cada organizacin, seguidas de UPA con 30.000, en una clara posicin ascendente. En las ltimas fechas se celebraron elecciones a cmaras agrarias en dos comunidades autnomas, Castilla y Len y Galicia, donde hay una clara posicin de dominio de los populares las administraciones. Si el sector agrario ha constituido tradicionalmente una fuente de votos para la derecha, esas dos comunidades han sido en los ltimos aos un granero para los populares. Sin embargo, los resultados de las ltimas elecciones han arrojado dudas sobre la tradicional intencin de voto de los agricultores y ganaderos. Aunque Asaja, ms cercana a los populares, ha logrado mayora en Galicia y el segundo lugar en Castilla y Len, lo destacable ha sido la diversificacin del voto y el claro aumento de las posiciones de UPA y COAG. En Galicia, frente a unas expectativas de lograr ms del 60% de los votos, Asaja logr solamente el 48%, con mayora absoluta slo en 81 de los 178 municipios de esa comunidad. Esta organizacin agraria slo logr la Cmara de Ourense, mientras UPA consigui la de Pontevedra. Gracias al pacto con los nacionalistas del Sindicato Labrego, UPA presidir tambien la Cmara Agraria de A Corua y el Sindicato Labrego logra la de Lugo con el apoyo de UPA. En el caso de Castilla y Len, COAG dio la sorpresa al adelantar en ms de un millar de votos a Asaja. La Coodinadora se hizo con las Cmaras Agrarias de vila, Zamora, Segovia, Burgos y Salamanca, donde desbanc el poder histrico de Asaja. Por su parte, Asaja se qued con el triunfo en Burgos, Palencia, Len y Soria con menos votos de los esperados. 18. LOS ACCIDENTES LABORALES CAUSARON 298 MUERTES EN EL PRIMER TRIMESTRE, UN 16% MS Un total de 298 trabajadores perdieron la vida en accidentes laborales en el primer trimestre de 2002, lo que supone un alza del 16,4% respecto al mismo periodo de 2001, segn datos oficiales del Ministerio de Trabajo. Este aumento de accidentes mortales vara la tendencia a la baja iniciada en 2001, cuando por primera vez en cuatro aos disminuy el nmero de fallecidos en siniestros laborales. De seguir la progresin de los tres primeros meses de este ao, 2002 podra alcanzar las mayores cotas de accidentes laborales mortales de los ltimos 10 aos. Enero fue el peor mes desde hace muchos aos, con 126 trabajadores fallecidos. A pesar de estos datos, el nmero total de accidentes de trabajo con baja (227.662) disminuy un 9% en los tres primeros meses. Desde 1994, los siniestros con baja han ido aumentando progresivamente, hasta cerrar 2001 con 958.493. De los accidentes con baja en el primer trimestre, 224.395 fueron leves y 2.969 graves, lo que representa descensos del 9% y 1,9%, respectivamente. Asimismo, los casos de enfermedades profesionales de enero a marzo que causaron baja del trabajador ascendieron a 5.841, con un incremento del 1,2%. Por sectores, los accidentes con baja se redujeron en todos: un 13,2% en industria, un 9,5% en agricultura, el 7,9% en construccin y el 6,6% en servicios 19. UN CENTENAR DE JUECES SE CONCENTRAN EN CONTRA DE LA NUEVA LEY DE RETRIBUCIONES LA ASOCIACIN Ms de cien jueces de la capital, convocados por la Junta General de Jueces de Madrid, que agrupa a 327 magistrados, se concentran a las puertas del Ministerio de Justicia para protestar por la nueva Ley Reguladora del Rgimen Retributivo de la Carrera Judicial. Esta norma fija un aumento de la retribucin salarial de los jueces de entre el 14% y el 20%. Los magistrados consideran que esta subida no les har recuperar el poder adquisitivo perdido durante diez aos de congelacin salarial. El juez decano de Madrid tambin critic durante la concentracin una indicacin recogida en la nueva ley que vincula el aumento o la disminucin salarial al cumplimiento de mdulos de trabajo, es decir, a la obligacin de dictar un nmero determinado de sentencias. 'Nos hacen trabajar a destajo y eso influir en la calidad de las sentencias', dijo. 20. EL PODER JUDICIAL EN PLENO CENSURA LAS CRTICAS DE LOS POLTICOS POR EL 'CASO OTEGI' El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprueba por unanimidad una declaracin que exige que las crticas a resoluciones judiciales, 'sobre todo cuando procedan de responsables polticos', se ajusten al 'respeto institucional' y tengan presente la 'nica sujecin a la ley que corresponde a los juzgados y tribunales'. El origen del acuerdo fueron las crticas del presidente del Gobierno, Jos Mara Aznar, y el ministro de Justicia, ngel Acebes, por el archivo del caso Otegi decidido por el Supremo al que, en cambio, el CGPJ muestra su 'reconocimiento'. 21. LA AUDIENCIA NACIONAL RECHAZA ARCHIVAR LA CAUSA CONTRA BERLUSCONI La Seccin Cuarta de la Audiencia Nacional rechaza el recurso del primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, en el que se solicitaba el archivo de la causa abierta contra l por delito fiscal y falsedad de documentos en el caso Tele 5. La Audiencia, siguiendo las tesis del fiscal anticorrupcin Carlos Castresana, confirma ntegramente las resoluciones del auto dictado por el juez Baltasar Garzn el 8 de octubre de 2001, en el que se suspende el procedimiento provisionalmente hasta que Berlusconi deje de ser primer ministro y se solicita al Gobierno de Aznar que denuncie los hechos a las autoridades italianas para que inicien procedimiento contra el primer ministro, o, alternativamente, solicite a las autoridades italianas la continuacin del caso en Espaa, previo levantamiento de la inmunidad de Berlusconi. De esta manera, la Audiencia Nacional reconoce la inmunidad de Silvio Berlusconi, Il Cavaliere, pero no su impunidad, ya que, segn el auto, contra el que no cabe recurso, en el sistema legal espaol "rige el principio de legalidad y no el de oportunidad, y es obligatoria e indisponible la persecucin y castigo de todos los delitos de naturaleza pblica, sin que esa obligacin se extinga ante el obstculo procesal que supone la inmunidad de jurisdiccin". As, el tribunal, confirmando la resolucin de Garzn, declara la "procedencia de suspender el procedimiento hasta que el obstculo cese o se salve mediante la autorizacin de las autoridades italianas" o stas decidan juzgar los hechos en Italia, por lo que, en este ltimo caso, se abstendra la Justicia espaola. En el auto dictado se considera "ajustado a derecho" que las autoridades italianas renuncien a la inmunidad de jurisdiccin que asiste a su jefe de Gobierno, por cuanto los hechos que se imputan a Berlusconi son anteriores y ajenos a sus actuales funciones pblicas, y por tanto se trata de una inmunidad sobrevenida. La resolucin de la Audiencia se basa en una sentencia dictada por la Corte Internacional de Justicia el 14 de febrero de 2002, en el caso conocido como Yerodia. La sentencia declara que las inmunidades no se otorgan para beneficio personal, sino para garantizar la ejecucin efectiva de las funciones de los cargos pblicos en nombre de sus respectivos Estados, y enfatiza la diferencia entre inmunidad e impunidad. El tribunal rechaza el archivo de la causa porque no cumple los requisitos, es decir, que los hechos no sean constitutivos de delito o que, en caso de serlo, no se conociera al autor. "En el presente caso", seala el auto de la Audiencia, "no se ha producido pronunciamiento alguno relativo a la ausencia de indicios delictivos ni relativos a la inexistencia de motivos para acusar al imputado, pronunciamiento que slo sera posible al concluir la investigacin de los hechos". Los magistrados rechazan tambin la pretensin de que la suspensin de la causa debera extenderse a los dems imputados y no quedar restringida slo a Berlusconi. Entiende el tribunal que esta pretensin es contraria a toda lgica jurdica, pues trata de ampliar un beneficio de inmunidad a personas que carecen del fuero correspondiente. 22. EL EX PRESIDENTE ITALIANO COSSIGA TACHA A AZNAR DE 'CABO DE CUARTEL DE FRANCO' Francesco Cossiga, histrico democristiano italiano y ex presidente de la Repblica, descalific con gran dureza la poltica antiterrorista del Gobierno del Partido Popular y compar al presidente del Ejecutivo, Jos Mara Aznar, con un 'cabo de cuartel marroqu de la legin extranjera de Francisco Franco'. Y remach: 'Por su manera de hacer y su vida, no entiendo cmo no se le considera un falangista', pero no como Jos Antonio Primo de Rivera, que 'tena ideales' . En una entrevista a la emisora institucional Catalunya Rdio, Cossiga lament tambin las crticas del Ejecutivo central a la pastoral de los obispos vascos: 'Ni Goebbels ni Hitler se atrevieron nunca a calificar de perversin cultural y tica un acto de los obispos catlicos o de los pastores luteranos de Alemania'. El ex primer ministro italiano, que se ha distinguido en anteriores ocasiones por sus crticas a Aznar, asegur haber enviado a los prelados vascos 'una carta de adhesin y solidaridad, como catlico liberal, como cristiano, como demcrata y como republicano', considerando la posicin del Gobierno espaol como una 'grave agresin hacia la libertad religiosa de la Iglesia vasca'. 23. ESPAA, A LA COLA DE EUROPA EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIN Estamos a la cola de Europa. Segn el informe de la Fundacin Auna sobre el desarrollo de Internet y las telecomunicaciones en Espaa, todava queda mucho que avanzar para equipararse a los pases europeos. Con un nmero de internautas estancado desde hace meses, un porcentaje de Pymes conectadas a Internet nfimo y una presencia de ordenadores en los hogares slo superior a la de Grecia, el informe anual sobre el desarrollo de la Sociedad de la Informacin en Espaa destaca que somos uno de los pases ms rezagados de Europa en lo que a nmero de internautas y uso de ordenadores se refiere, y que a pesar de ello, a lo largo del 2001, el ritmo del crecimiento del internauta se ha estancado debido a estrategias comerciales y no a una tendencia perdurable. Segn el estudio, el nmero de internautas es en la actualidad de 7.380.000, lo que supone un 36,8% de la poblacin espaola. Una cifra slo superior a la de Grecia. Y en cuanto a la penetracin de los ordenadores en los hogares la situacin es muy similar. Mientras en el Pas Vasco, Catalua o Madrid, ms del 50% de los hogares tienen un ordenador, otras comunidades, como Extremadura o Castilla-La Mancha tienen un nmero de PC casi siete veces menor. De momento, y en sus tres semanas de vida oficial oficiosa son ms de dos aos, el Plan Internet para todos ya ha conseguido formar a 7.000 espaoles. Muy lejos del objetivo del Gobierno de formar a medio milln de ciudadanos antes de fin de ao  24. EL PP PROPONE RETENER LOS DATOS DE LOS INTERNAUTAS DURANTE 12 MESES El Partido Popular ha introducido una enmienda al proyecto de ley de Servicios de la Sociedad de la Informacin (LSSI) para que los operadores y los proveedores de acceso a redes de telecomunicaciones puedan retener los datos de trfico de los internautas por un periodo de doce meses. La Asociacin de Internautas rechaz la enmienda del PP por entender que convierte a los prestadores de servicios en ciberpolicas y que el objetivo final no es luchar contra la delincuencia, 'sino cercenar derechos, libertades y garantas'. Por contra, la cada da mas progubernamental Asociacin de Usuarios de Internet se mostr a favor de controlar el destino de la comunicacin, la duracin de la conexin o el volumen de datos transmitidos porque aumentar la seguridad en la Red. 25. CELIA VILLALOBOS DESCARTA OPTAR A LA ALCALDA DE MLAGA La ministra de Sanidad, Celia Villalobos, descarta la posibilidad de volver a presentarse como candidata a la alcalda de Mlaga al considerar que 'en poltica todo tiene su tiempo'. Villalobos hizo estas manifestaciones durante el coloquio del Frum Nueva Economa, dnde dijo sobre su sustituto, Francisco de la Torre (PP): 'Lo est haciendo lo suficientemente bien y no se merece para nada orillarlo para que yo vuelva'. Villalobos, tras afirmar que su poca de alcaldesa fue 'la ms importante y feliz' de su vida poltica, concluy: 'Entiendo que cuando [Jos Mara] Aznar [presidente del Gobierno] me llam [para el Ministerio de Sanidad] y yo le dije que s, haba cerrado una puerta y no tiene por qu abrirse' 26. COMUNIDAD VALENCIANA: EL PP IMPIDE QUE ZAPLANA EXPLIQUE LA SITUACIN DE ANA ENCABO El presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, no comparecer ante el pleno de las Cortes para explicar por qu la subsecretaria de Planificacin y Estudios de Presidencia, Ana Encabo, esposa del ex consejero de Obras Pblicas Luis Fernando Cartagena, contina en su puesto a pesar de que aparece 'en un expediente por incumplimiento importante de sus obligaciones fiscales'. La peticin, tramitada por Esquerra Unida, fue rechazada por el Grupo Popular en la Junta de Portavoces con el argumento de que 'no se puede pedir la comparecencia de un miembro del Gobierno para hablar sobre algo que no es cierto'. Joan Antoni Oltra, portavoz adjunto de EU, seal que la mujer del ex consejero 'figura en una relacin de la Agencia Tributaria como responsable de que mediante una determinada operacin fiscal no haba cumplimentado sus obligaciones' fiscales. Y aadi: 'De nuevo nos vamos a quedar sin aclarar un tema que est perjudicando la imagen de la Generalitat en un aspecto feo, como es que una persona de esa importancia no ha cumplimentado sus obligaciones fiscales, lo cual es un mal ejemplo' 27. COMUNIDAD DE MADRID : EL TRIBUNAL DE CUENTAS CRITICA EL SISTEMA DE CONTRATACIONES MUNICIPALES DE POZUELO El Tribunal de Cuentas ha hallado irregularidades en las contrataciones de obras realizadas en 1998 por el Ayuntamiento de Pozuelo, gobernado por el PP. En el anteproyecto de su informe, los auditores afirman que 'la mayora de las redacciones de los proyectos de obra se encargaron directamente a tcnicos ajenos al Ayuntamiento, previa designacin [por] el ingeniero de Caminos municipal', y sin ajustarse a los procedimientos que marca la ley. As, el tribunal cree que 'la eleccin de los adjudicatarios no se realiz con la debida objetividad que debe presidir toda actuacin en la Administracin pblica'. Los auditores del Tribunal de Cuentas explican que en las contrataciones municipales han 'observado una serie de anomalas de carcter general'. Y ponen ejemplos: 'En 7 de los 10 proyectos de obra analizados se acude a tcnicos ajenos al Ayuntamiento' para su redaccin, dejando a un lado a los municipales. Pero, adems, en estas resoluciones del regidor, Jos Martn-Crespo, del PP, se seala explcitamente que 'no es deseable, ni aconsejable, ni en definitiva posible, solicitar tres ofertas', en contra de lo que mantenan los informes del secretario y del interventor municipal. PAGE  PAGE 3   phnH phtH  5B* CJnH phtH ph &ph5B* CJphphnH phtH  5B* CJnH phtH phphB* CJnH phtH nH phtH phjjphnH phtH &jSnH phtH nH phtH nH phtH 5B* CJ$dh&&CJph5B* CJphnH phtH  5B* CJnH phtH nH phtH 5B* CJ滫udnH phtH nH phtH # *5B* CJnH phtH B* CJsH phnH phtH  5B* CJnH phtH nH phtH ha$01h/R   $.' 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